Multas de hasta $ 11: a empresas que formaron cartel de alimentos

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia determinó aplicar sanciones a cinco empresas que formaron un cartel y pactaron la producción y el precio de venta de salsa de tomate. En uno de los casos, la multa supera los $ 11 millones.La denuncia ante la comisión (órgano desconcentrado del Ministerio de Economía) había sido presentada en octubre de 2010 y era contra las empresas Barraca Deambrosi, Vulcania, Gibur, Pancini Industrial del Sauce y Domingo Ghelfa. En noviembre de 2010 comenzó una investigación que culminó el 6 de marzo pasado.En la resolución final, fechada el 1° de abril, la comisión confirmó la existencia de un acuerdo colusorio (pacto entre dos o más personas u organizaciones para perjudicar a un tercero) entre las empresas denunciadas y con la participación del denunciante (la empresa Timopel, que al principio formó parte del acuerdo de prácticas anticompetitivas) con el objetivo de regular las principales variables del mercado, actuando concertadamente y eliminando o minimizando la competencia efectiva entre ellas.A raíz de esa conclusión se ordenó el "inmediato cese de la conducta en todo aquello que se siga realizando" al momento de la resolución, tanto en intercambio de información, reparto de mercados, fijación acordada de precios u otros mecanismos que suponga la distorsión de la competencia.Además, Barraca Deambrosi fue sancionada con una multa de 4 millones de Unidades Indexadas ($ 11.357.200), Gibur y Domingo Ghelfa con 2,6 millones ($ 7.382.180) cada una y Pancini Industrial del Sauce y Vulcania con 100.000 UI en cada caso ($ 283.930). Timopel, participante del acuerdo en primera instancia, fue exonerada de sanciones ya que apeló a la figura del "arrepentido", prevista en la normativa vigente que pena las prácticas anticompetitivas (ver aparte).Consultado por El País, el titular de Gibur y expresidente de la Cámara de Industrias (CIU), Washington Burghi, declinó hacer declaraciones.En el informe final, la comisión señala que las denunciadas reconocieron la existencia de un acuerdo que tenía como lógica que una mayor producción -volumen de cajas- lograda al trabajar en conjunto, permitiría conseguir mejores precios para los envases de la "pulpa de tomate tamizada".Con ese fin, contrataron los servicios de una imprenta que ofreció un mejor precio por el volumen requerido y además acordó con el cártel empresarial entregar la totalidad de los envases en uno o dos lugares con el fin de reducir el costo del flete.En otro punto...