El papelón verde

El ambicioso, improvisado, y tan debatido proyecto de estatización de la venta de marihuana, sigue dando títulos. Un año después de votada la ley, está claro que los plazos previstos en este proyecto no se van a cumplir. Y que la idea que supo poner al país en la portada de los principales medios globales, sigue siendo un impulso voluntarista que desconoce las reglas básicas del consumo de drogas, del mercado de estas sustancias, y de la economía.

La ley votada por el oficialismo en 2013 tenía al menos dos partes bien diferenciadas. Una, que preveía la legalización de los autocultivos y de clubes de plantación de esta droga, de acuerdo a lo que sucede en países como España, Holanda, y algunos estados de EE.UU. En esa parte había consenso entre dirigentes de todos los partidos, al punto que el primer proyecto en ese sentido fue presentado por el hoy candidato a la Presidencia Luis Lacalle. Se ha sabido incluso que diputados del MPP querían apoyar esa idea, pero su propio sector lo vetó.

La segunda parte es la que provocó más ruido, sobre todo por ser una experiencia única en el mundo: que el Estado monopolizara todas las etapas de producción y comercialización de la droga, con el supuesto fin de acabar con el negocio del narcotráfico. Las críticas eran tan simples como evidentes.

Primero que el mercado negro de la marihuana y el de las otras drogas realmente peligrosas hoy tienen muy poco contacto, ya que los riesgos, los márgenes de ganancia, y hasta el perfil de los consumidores son tan distintos, que toda esa mescolanza solo podía ser el fruto de la improvisación y el afán de protagonismo de algún burócrata bien conectado. Segundo, que parece ridículo que un Estado que no logra cumplir sus obligaciones básicas como dar seguridad, salud y educación de calidad a sus ciudadanos, se dedique a plantar y vender marihuana. Se citó el ejemplo de Ancap con el alcohol, caso poco feliz por donde se mire, ya que Uruguay ahí sí que tiene un problema severo de consumo abusivo y por parte de menores.

Esta segunda parte preveía que para el mes de noviembre en curso, la droga estaría dispuesta para la venta en farmacias. La realidad indica que ni siquiera se sabe quién la va a plantar, los costos de esa producción, ni de su venta final, como tampoco qué va a pasar con todo esto cuando el 1° de marzo asuma un nuevo gobierno, del cual sus dos posibles titulares ya se han mostrado contrarios a la idea.

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