El rapto oficial de Montevideo

JORGE CAUMONTCuando se hace referencia a los contribuyentes, generalmente, se alude a quienes por el pago de tributos, impuestos y gravámenes o por servicios obligatorios, esperan que el destinatario oficial de ellos, un gobierno nacional o uno municipal, cumpla determinadas funciones que le brinden satisfacción a necesidades individuales o colectivas.En el caso de los gobiernos departamentales y en particular al que nos referiremos, el de Montevideo, los tributos de mayor recaudación son los que tienen como base imponible a los vehículos automotores y a los inmuebles, la tasa municipal, la tasa bromatológica y otros por el estilo. Los contribuyentes, en realidad los sujetos pasivos de los impuestos y tasas señaladas, aguardan que sus pagos sean empleados para el desarrollo de diversas funciones que por la Constitución y la Ley se le asigna al principal gobierno comunal.ESENCIALIDAD. Las esenciales son actividades que tienen que ver con la prevención y fiscalización de la edificación y la vivienda, la higiene sanitaria y salubridad, espectáculos públicos, tránsito, transporte colectivo departamental de pasajeros y otras, como la ejecución de obras públicas departamentales.La expansión de la economía uruguaya de los últimos tiempos y con ella la del ingreso del país, junto con bajísimas tasas de interés han llevado al aumento del consumo de la población y de las empresas, al auge de la construcción de viviendas y a la mayor demanda por bienes y servicios con alta elasticidad ingreso, como la de autos, motos y camiones e incluso la de espectáculos públicos. Como corolario, las tareas de la comuna montevideana deben haber aumentado, como también la aspiración de los contribuyentes a tener mejor o al menos igual tratamiento que en el pasado. Sin embargo, existen aspectos que les desilusionan.La prevención y fiscalización de la edificación, más exigente en momentos de alta expansión de la construcción, no ha sido en beneficio de muchos contribuyentes. Edificaciones en lugares expresamente prohibidos por la propia reglamentación comunal se han aprobado por sugerencia de apéndices barriales de la comuna, sin experiencia en evaluación social de proyectos, que agregan costos a los que ya implican los impuestos y tasas que pagan los contribuyentes afectados, además de generarles significativas pérdidas de capital. Permisos para edificar oficinas o instalar negocios en barrios residenciales donde la reglamentación expresamente los prohíbe, son ejemplos que se han...

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