Restricciones y transparencia

El caso del médico sancionado por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por denunciar carencias en el hospital donde trabaja, demuestra cómo funciona la burocracia ante la crítica y revela lo retrasada que está nuestra legislación en esta materia.

Los hechos son conocidos: un médico, jefe del block quirúrgico del Hospital de Canelones, en julio de 2012 denunció que existían determinadas carencias y opinó que dos pacientes habían fallecido porque no había disponibilidad de camas en el CTI. ASSE se tomó dos años para aplicarle una sanción. Para ello se fundó en el artículo 528 del Texto Ordenado de Normas sobre Funcionarios Públicos (Tofup), el cual, a su vez, tiene su fuente en un decreto de febrero de 1947.

El artículo citado establece que "el ejercicio de la libertad de expresión del pensamiento por los funcionarios públicos, dará lugar a la aplicación de las sanciones disciplinarias" en determinados casos. Incluyendo la violación del deber de obediencia y de respeto a la autoridad del servicio; la utilización, sin previa autorización superior de documentos del servicio público; la publicación de opiniones que causen lesión a los intereses fundamentales del servicio público; y la violación del secreto administrativo establecido en forma legal.

Tenemos, entonces, por un lado, a la Administración que exige un deber de lealtad de parte de sus funcionarios. Con ese fin no duda en limitar la fundamental libertad de expresión, utilizando fórmulas tan vagas como "la publicación de opiniones que causen lesión a los intereses fundamentales del servicio público". Por el otro, existe el deber del ciudadano de contribuir al bien común y a la tutela de los derechos esenciales de toda la sociedad. Bien podría pensar que el interés fundamental del servicio público es servir a este interés y que por lo tanto la Administración debería alentar todo lo que contribuya a la transparencia en la gestión pública y a hacer responsables a los funcionarios por sus errores u omisiones. El conflicto entre los dos deberes de lealtad, uno respecto de la Administración, y el otro respecto de la sociedad en general, existe en todas partes y la tendencia más reciente es a fortalecer el segundo deber. Ello supone proteger debidamente a quienes denuncian las irregularidades (conocidos en inglés como "whistleblowers").

Un estudio de Transparencia Internacional concluye que las personas que...