Sentencia Interlocutoria Nº 4/2023 de Suprema Corte de Justicia, 01-02-2023

• Fecha: 01 Febrero 2023
• Tipo de proceso: PROCESO CIVIL ORDINARIO
• Materia: DERECHO CIVIL

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE TERCER TURNO.

MINISTRA REDACTORA: DRA. LORELEY OPERTTI.

MINISTROS FIRMANTES: DRA. C.K., DR. FERNANDO TOVAGLIARE,

DRA. LORELEY OPERTTI.

VISTOS:

Para sentencia de segunda instancia, estos autos caratulados: “V., L. c/

P.L.. y otro. Cobro de pesos”; IUE 2-59293/2020, venidos a conocimiento del

Tribunal en mérito a los recursos de apelación interpuestos por la parte actora contra las

sentencias: interlocutoria dictada por la Sra. Jueza Letrada Suplente, Dra. Cuadrado y contra la

definitiva No 6/2022, dictada el día 7 de febrero de 2022, por la Sra. Jueza Letrada de Primera

Instancia en lo Civil de tercer turno, Dra. C.M..

RESULTANDO:

1 – Que, por la sentencia interlocutoria impugnada, el juzgado a quo, deniega prueba por oficio

a la Asociación de E.s del Uruguay y al Juzgado Letrado de Concurso y por sentencia

definitiva declara la falta de legitimación pasiva de P.L.. y ampara parcialmente la

demanda, condenando a D.L. al pago de USD 10.000 más IVA, con intereses desde la

demanda, sin especial condenación.

2 – Contra dichos dispositivos, la parte actora funda los agravios que le causa la interlocutoria e

interpone recurso de apelación contra la definitiva, en escrito de fs. 149 y sigtes.

Sustanciada la recursiva, la parte demandada evacua el traslado conferido, a fs. 161 y sigtes.,

abogando por el rechazo de los agravios de su contraria.

3 – Franqueada la instancia y asignada competencia a este Tribunal de Apelaciones, se

reciben los autos (13 de mayo de 2022), se pasan a estudio de los Sres. Ministros y

completado el mismo, se acuerda la decisión y se designa a la Dra. O., para la redacción

del presente pronunciamiento.

La Oficina Actuaria deberá dejar constancia de la licencia reglamentaria que le fuera concedida

a la redactora.

CONSIDERANDO:

1 - El Tribunal integrado, de conformidad con el número de voluntades requerido legalmente

(art. 61 inc. 1o LOT) -en la oportunidad por unanimidad de sus miembros-, habrá de confirmar

las sentencias impugnadas, salvo en lo que se dirá, por las razones que se pasan a exponer.

2 – El caso.

La Sala acepta el correcto relato de antecedentes procesales y sustanciales realizado por la

distinguida Magistrada actuante, por lo que a ellos se remite. No obstante, a los efectos de una

correcta intelección de la presente, se reseñarán los hechos relevantes al grado.

Tramita infolios responsabilidad por incumplimiento de pago de honorarios no concertados, en

arrendamiento de obra (servicios notariales respecto a la celebración de contratos para adquirir

sociedades comerciales, cesiones de cuotas de SRL y compraventa de acciones de S.A.),

contratos que finalmente no fueron otorgados.

2.1 – La pretensión.

La actora promueve la demanda contra P.L.. y D.L., en su calidad de

titular de la SRL.

Sostiene que los demandados la contrataron para realizar los estudios de antecedentes y

documentación necesarios, para redactar los contratos de compraventa de acciones de tres

sociedades anónimas y las cesiones de cuotas sociales de tres SRL, que iban a adquirir de

otras dos sociedades anónimas panameñas, todo ello en cumplimiento de promesas y de un

acuerdo marco celebrados con anterioridad. Para el otorgamiento de estos contratos

preliminares, la parte demandada fue asesorada notarialmente por otro estudio (B.S..

En consecuencia, la actora procedió al estudio de todas las sociedades involucradas: la

adquirente, las enajenantes y aquellas, objeto de los contratos. Resultó que éstas no tenían

declaraciones ante el BCU, que no existía certificación de procedencia y titularidad de acciones

ni cuotas sociales, que no se habían certificado los endosos de las acciones, etc. En definitiva,

señala un arduo y complejo trabajo efectuando observaciones para regularizar las sociedades

a adquirir, así como que se reconstruyeron los antecedentes de la titularidad de acciones y

cuotas sociales, etc.

En definitiva, la actora cumplió con el contrato.

Realizadas todas las tareas necesarias, cuando ya estaba todo listo, faltando solo la firma de

los contratos definitivos, en octubre de 2019 las partes pactaron una prórroga (para el 10/12).

Llegada esta nueva fecha, los promitentes adquirentes no se presentaron, por no estar en

condiciones de adquirir (no tenían dinero para pagar el saldo de precio).

Afirma que se trató de una labor de muy alta complejidad que insumió un prolongado lapso de

trabajo -entre abril y diciembre de 2019- y por la cual no recibió honorarios.

Liquida sus honorarios en US$ 266.000 (por honorarios líquidos), más tributos: US$ 243.390,

expresando que aplica el A. de la AEU (arts. 2, 21 y 13).

2.2 – La defensa.

P.L., opone como defensa de fondo, la falta de legitimación pasiva. Sostiene que

dicha sociedad no contrató a la actora, en tanto no era parte de los contratos preliminares (no

era promitente adquirente de cuotas sociales o acciones de ninguna de las sociedades). Éstas

iban a ser adquiridas únicamente por D.L..

Entiende que la actora no alega nunca haber redactado los contratos, sino que solo usa

expresiones como “estaba todo pronto”. Su labor no tuvo mayor complejidad y debe recibir

honorarios por la misma, la que consistió básicamente en el análisis de documentación de ocho

sociedades.

Dice que los honorarios ya habían sido concertados por mail(entre la actora y la abogada del

demandado que la contactó para el trabajo) en USD 59.900 más US$ 58.576 por gastos e

impuestos.

Sobre este pacto, sostiene que los tributos no son trasladables y además que esos honorarios

eran por los contratos firmados, no habiéndose celebrado los mismos, el precio debe ser

menor.

No obstante, realiza una liquidación alternativa sin aplicar el A. (en tanto no es

preceptivo): USD 10.000 IVA Incluido y una también alternativa, aplicando el A. -

únicamente art. 16 (para trámites y gestiones)-, lo que arroja un honorario entre 8 y 40 UR por

gestión. Estima que no pudo realizarse más de 24 gestiones (3, por sociedad comercial

involucrada), por lo que el honorario oscila entre US$ 5.700 Y US$ 28.500.

3 – Respecto de la denegatoria de los medios de prueba en etapa de despacho saneador.

3.1 - La parte actora solicita informes a la Asociación de E.s del Uruguay, si su

contraria cuestiona el monto de los honorarios calculados, prueba que es rechazada en etapa

de despacho saneador, con fundamento en el art. 144.2 del C.G.P., en tanto entiende el oficio

que se pretende sustituir la conducente, que es la pericia.

La Sala comparte el rechazo de la prueba dispuesta por cuanto, su inadmisibilidad está

prevista en el art. 190 del C.G.P.

Si bien la cuestión puede resultar discutible, ciertamente la pericia es la prueba que

corresponde solicitar si lo que se pretende es determinar el monto del precio de costumbre,

porque para que el Gremio de los E.s pueda informar, debería contar con datos

registrados, sin realizar una actividad interpretativa, en tanto ello contraviene el art. 190.1.

Claro que la actora pudo agregar con su demanda un informe de la Asociación requerida, que

por el prestigio que ésta reviste, hubiera sido tenida en cuenta, pero tal y como fue solicitada la

prueba, claramente, la conducente era la pericia; sin perjuicio de expresar que la determinación

de los honorarios profesionales se rige por el art. 1834 del Código Civil y ejercida la pretensión,

constituye actividad jurisdiccional indelegable.

3.2 – La Sala confirmará, asimismo, el rechazo de la remisión de los autos de Concurso, que

fue denegada por incumplir con el art. 145 del C.G.P.

En este caso, el agravio no está fundado, por lo que puede rechazarse sin otro aditamento (art.

253.1 inc. 2 del C.G.P.). No obstante, y para que no haya ningún tipo de dudas, el Tribunal

comparte la justificación de la denegatoria a quo.

4 – Agravios contra la sentencia definitiva.

4.1 – La ausencia de legitimación pasiva de P.L..

Se irá a rechazar el agravio.

La sentenciante de primer grado como es su estilo, realiza un profundo análisis de las partes

intervinientes (fs. 140), que la Sala comparte y al mismo se remite en honor a la brevedad.

Baste decir que no se diligenció prueba eficiente que permita concluir que la Sociedad de

Responsabilidad limitada demandada haya contratado con la actora, no siendo suficiente a

tales efectos, que el Sr. L., la represente.

4.2 – Con relación al fondo, la actora funda los siguientes agravios:

La sentencia adolece de una incorrecta valoración de la prueba respecto a la redacción de los

contratos definitivos. Sostiene el impugnante que fue acreditado por mails que se envió el

proyecto a la escribana de la parte vendedora y también mediante prueba testimonial, que se

llegó a la fecha de la firma con el trabajo culminado, esto es, la confección de un proyecto de

contrato aprobado.

Entiende asimismo que la sentencia soslaya que los escribanos no suelen extender el

documento en su protocolo hasta el día de la firma a efectos de prevenir modificaciones de

último momento o evitar...