Suprema Corte interviene en el caso del narco fugado: hoy analizará el expediente

Redacción El PaísLa Suprema Corte de Justicia (SCJ) tiene sobre la mesa un informe de la jueza de Crimen Organizado de 2° Turno, María Helena Mainard, y una copia del expediente donde la magistrada concedió la prisión domiciliaria el 31 de mayo pasado uan Antonio González Bica, quien luego rompió una tobillera y se fugó","theme.el-pais-uruguay-theme-epd.:core:enhancement:Enhancement.hbs.enhancementAlignment":null,"theme.el-pais-uruguay-theme-epd.:core:enhancement:Enhancement.hbs.overrideCaption":null,"_id":"0000018a-920a-d9da-a3eb-d6de28810000","_type":"809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288"}">al narcotraficante Juan Antonio González Bica, quien luego rompió una tobillera y se fugó.Según consta en el expediente al que accedió El País, Mainard fue inducida a error por informes médicos y documentos del Instituto Técnico Forense (ITF) supuestamente apócrifos y que carecían de firmas. Esos documentos fueron presentados por la entonces abogada defensora de González Bica, Mercedes Acosta.La profesional elevó a la jueza Mainard una petición por escrito de prisión domiciliaria para González Bica, quien había sido encarcelado en el Penal de Libertad en el marco de una incautación de 400 kilos de drogas en la "Operación Pitágoras"."Es imperioso que la Sede (juzgado) otorgue de manera urgente la sustitución de prisión efectiva a un arresto domiciliario total (prisión domiciliaria) cometiendo a la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida (OSLA) para preservar la integridad del Sr. González. A la fecha de este informe expedido por la sociedad médica Universal que acompaña al presente (...) mi defendido presenta distintas patologías, entre ellas a destacar la cardíaca y renal", dice el documento.En otro tramo, la abogada Acosta afirma que dentro de la cárcel "no están dadas" las condiciones para el tratamiento y la recuperación total del penado, quien "no puede permanecer recluido" como surge de la evaluación del médico cardiólogo tratante que también acompañaba el escrito.Al final, bajo un subtítulo de prueba documental, la abogada incluyó: un "informe médico de un profesional de cabecera del penado, un "informe médico de su cardiólogo tratante", un "informe de tomografía computada e imágenes de la misma", la "historia clínica" del recluso y un "escrito del Comisionado Parlamentario".Según señaló a El País una fuente del caso, se estudia si todos estos documentos son falsos. Y agregó que los certificados médicos presentados por la abogada Acosta...