Transparencia y financiación partidaria

La democracia no es viable sin instituciones sólidas. La Constitución es el marco legal que garantiza la vigencia de derechos fundamentales y regula el sistema de pesos y contrapesos que Montesquieu definió como el principio de separación de poderes. El incumplimiento de estas normas no solo afecta el sistema republicano sino que instala la desconfianza en esas reglas de juego que tienen su origen en la soberanía popular.

Por otra parte, una democracia representativa tiene como pilares básicos a los partidos políticos y si estos no gozan de legitimidad, la defensa de ideas y opiniones propias del pluralismo no podrá ejercerse con la debida autoridad moral de cara a la opinión pública.

Por tales razones, se necesita dotar de credibilidad al sistema democrático y a su institucionalidad para que la demagogia y la corrupción no derramen sus efectos disolventes en la sociedad al mezclar clientelismo con corrosivas prácticas de gobierno.

La primera, se pone de manifiesto cuando los programas partidarios y sus candidatos comprometen su acción de futuro mediante propuestas que desaparecen como por arte de magia luego de cada elección

La segunda, es más grave, porque la corrupción atenta contra la integridad ética de las personas y los valores de la sociedad. El corrupto se maneja con prác-ticas que van desde la comisión de deli-tos en el ejercicio de la función pública para enriquecerse personalmente, hasta la utilización de medios orientados a financiar las actividades de sectores y de partidos políticos a cambio de la venta "de influencias".

La honestidad no puede definirse como una virtud. Una sociedad funciona mal cuando la integridad moral se percibe como una excepción y no como la regla que debe marcar las conductas de los que administran recursos públicos.

La ley es la que tiene que combatir todo acto de corrupción. Y para eso debe tener en cuenta la variedad de instrumentos destinados a obtener recursos de dudosa procedencia, como se comprueba en los escándalos surgidos en el Uruguay y en todos los continentes por la acción de poderosas empresas y empresarios que condicionan la conducta de los gobernantes a cambio de sus contribuciones para sus campañas políticas.

Por otro lado, una corrupción más difusa se vincula con la financiación de los partidos políticos asociada al oscurantismo de sistemas electorales como el nuestro. Veamos: las elecciones internas en que se decide quiénes serán candidatos a la Presidencia por cada partido no están...