Tras el caso Pluna, ¿qué otros arbitrajes internacionales enfrentó Uruguay y cuáles fueron sus resultados?

Con el fallo en contra del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, por el caso Pluna, el Estado uruguayo perdió su invicto en materia de arbitrajes de inversión internacional y deberá pagar US$ 56 millones en principio. ¿Cuáles han sido los casos de arbitrajes internacionales de inversión que enfrentó Uruguay y cómo resultaron sus fallos?Por motivos de fondo o por jurisprudencia, los fallos decretados por los tribunales internacionales, en los diferentes casos que enfrentó Uruguay en esta materia, marcaban un camino de resultados favorables para el país, hasta el último dictamen referido al accionar del gobierno de José Mujica en 2012 contra Pluna. Según el fallo al que accedió El País, el Ciadi entendió que Uruguay tuvo actuaciones "inconsistentes, imprudentes e irracionales".Como habían explicado desde Ferrere Abogados a El País firma que participó en la representación de la demandante panameña Latin American Regional Aviation Company Holding (Larah) en el caso Pluna, la litigiosidad en materia de arbitrajes de inversión ha crecido en el último tiempo, en donde todos lo países han sido "bautizados"con alguna demanda.En un arbitraje de inversión, usualmente el inversor reclama la expropiación directa o indirecta (una combinación de medidas que tienen un efecto expropiatorio) de su inversión, o que no tuvo un trato justo o equitativo, donde se violan determinados tratados de inversión entre países mediante los cuales se otorgan protecciones recíprocas a sus inversores con el objetivo de atraer inversión extranjera.En este orden, ¿cuáles fueron los casos que enfrentó Uruguay en los últimos años?Philip MorrisEn 2010, la tabacalera Philip Morris inició un arbitraje contra Uruguay por las medidas antitabaco desarrolladas por la entonces administración de Tabaré Vázquez, bajo el tratado bilateral de inversiones (TBI) ratificado con Suiza en 1988.En febrero de 2010, la tabacalera demandó por US$ 25 millones al Estado uruguayo por considerar que sus políticas antitabaco perjudicaban comercialmente a la empresa.En concreto, las denuncias partieron de dos medidas adoptadas por Uruguay. Por un lado, una medida fue la prohibición de comercializar más de una variedad de cigarrillo (la exigencia de presentación única), que eliminaba la variante "light" junto con otras, y, la otra medida, fue la obligación de colocar advertencias sanitarias en el empaque, equivalentes al 80% de la cajilla.El 8 de...