Contra la trata de personas

Un acuerdo entre nuestro país y la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM) se firmó días atrás en la cancillería con el objetivo de trabajar en conjunto para elaborar "una ley integral contra la trata de personas y el tráfico de migrantes" en territorio uruguayo.

Nuestro país cuenta con leyes relativamente recientes en la materia como la 18.250 que penaliza a quienes participan en el tráfico de personas y a quienes cooperan con la explotación de seres humanos traídos para trabajar en condiciones denigrantes o reñidas con la dignidad humana.

El acuerdo firmado indica la voluntad del gobierno de ampliar y mejorar la legislación vigente cubriendo algunos vacíos denunciados por organizaciones internacionales. La inquietud es oportuna, sin duda, pues en varias ocasiones Uruguay ha sido señalado como un país que "no cumple con los mínimos estándares" para erradicar el tráfico y la trata de personas. Así lo hizo el año pasado el Departamento de Estado confirmando un dictamen anterior de expertos de Naciones Unidas que determinaron que nuestro país es "origen, tránsito y destino de trata de personas".

Diversos procedimientos policiales concretados en los últimos años prueban que hay bandas delictivas practicando entre nosotros ese tipo de crímenes aberrantes. Una de las actividades ilícitas más reprimidas en los últimos tiempos fue la de interceptar el traslado de extranjeros mayoritariamente chinos o dominicanos que hacían escala aquí previo a su ingreso a algún país vecino. En otros casos las acciones criminales desbaratadas por la policía se encaminaban a nutrir las redes locales dedicadas a la prostitución, algunas de ellas radicadas en el interior de nuestro país.

El acuerdo firmado entre la cancillería y la OIM señala que "la ley integral contra la trata de personas responde al cumplimiento de los compromisos asumidos por Uruguay a nivel internacional llevando a la práctica las recomendaciones" de organismos internacionales en materia de derechos humanos. Según se explicó, la idea es identificar los puntos que necesitan intervención en cuanto a la trata de personas, lo que incluye la prevención del delito y la detección de los responsables así como la protección a las víctimas y sus familias. Tareas que exigirán la acción conjunta de diversas instituciones e incluso del sector privado.

Precisamente una de las objeciones formuladas a la ley 18.250 es que no contiene previsiones sobre la asistencia y reparación de las víctimas de esta...