Sentencia Definitiva nº 128/2008 de Supreme Court of Justice (Uruguay), 30 de Mayo de 2008

• Ponente: Dr. Leslie Alberto VAN ROMPAEY SERVILLO
• Fecha de Resolución: 30 de Mayo de 2008
• Emisor: Supreme Court of Justice (Uruguay)
• Jueces: Dr. Leslie Alberto VAN ROMPAEY SERVILLO,Dr. Daniel Iberico GUTIERREZ PROTO,Dr. Jorge Tomas LARRIEUX RODRIGUEZ,Dr. Jorge RUIBAL PINO,Dr. Hipolito Nelson RODRIGUEZ CAORSI,Dra. Martha Beatriz CHAO FERNANDEZ
• Materia: Derecho Procesal
• Importancia: Alta

Montevideo, treinta de mayo de dos mil ocho

VISTOS:

Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "SILVERA, EFRAIN RAFAEL C/ ESTADO - PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y OTRO - ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 2 LITERAL C Y 33 DEL TITULO 7 DEL TEXTO ORDENADO 1996, EN LA REDACCION DADA POR EL ART. 8 DE LA LEY No. 18.083, DE 27 DE DICIEMBRE DE 2006", FICHA 1-366/2007.

RESULTANDO:

I) El compareciente de fs. 3 promueve acción de inconstitucionalidad del artículo 8 de la L. No. 18.083 del 27 de diciembre de 2006, modificativo del Título 7 del Texto Ordenado de 1996, artículo 2 literal C y artículo 33, por considerarlos violatorios de los arts. 67, 8 y 72 de la Constitución, expresando en síntesis:

fundamenta su legitimación activa en su calidad de jubilado de las Cajas Policial e Industria y Comercio, de acuerdo a la documentación que adjunta; y en la medida que la remuneración líquida que percibe, se verá gravada por la L. impugnada, al determinar que los ingresos por prestaciones jubilatorias constituyen una renta y, por lo tanto, deben ser gravados de acuerdo a las normas impugnadas.

Dentro de los tres criterios de renta utilizados por la doctrina "renta fuente o producto", "renta incremento patrimonial" y "renta consumida", la L. No. 18.083 adopta el criterio de "renta fuente" para las provenientes del trabajo.

El art. 8 de la L. sustituye totalmente el Título 7 del Texto Ordenado 1996, creando bajo esa identificación en este Título el I.R.P.F. En la medida que la materia gravada sea la renta, la norma legal debe lógicamente ajustarse al concepto racional y connatural de la misma, que es el que considera tal el fruto de una fuente permanente, capaz de producirla o reproducirla sin agotarse, es la que deriva de factores de producción, ya sea trabajo o capital, o ambos conjuntamente, aplicados en forma permanente o habitual a la obtención de rentas, considerándose tal el correspondiente resultado una vez que es separado de la fuente productora o está en condiciones de ser retirado, quedando la fuente intacta y en condiciones de seguir produciendo rentas.

En tal sentido, se pronuncia en principio la L. cuando en el art. 3, que regula el criterio espacial del hecho generador, establece que las rentas gravadas son las provenientes de actividades desarrolladas, bienes situados y derechos utilizados económicamente en la República.

Sin embargo, la L. grava las pasividades, esto es, las jubilaciones y pensiones servidas por el B.P.S. y otros órganos estatales y personas públicas no estatales que cumplen la misma función. En el caso, no hay ninguna actividad económica actual que genere renta en tanto el jubilado no trabaja, solamente percibe una suma que constituye una devolución parcial de los aportes realizados durante toda su vida activa laboral, de acuerdo con principios propios de la seguridad social.

Asimismo, el art. 67 de la Constitución consagra el principio del retiro adecuado sin condicionamientos en el inc. 1, lo que se trasunta en no ser susceptible de limitación legal por razones de interés general. La aplicación de este principio no significa empero una diferenciación con respecto a estos ciudadanos jubilados o pensionistas ya que no se los eximió de la carga de contribuir a la financiación de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad contributiva, por cuanto no los exime de ser afectados por los demás tributos previstos en nuestra legislación.

El inc. 2do. del art. 67 de la Constitución dispuso que los ajustes de las asignaciones no podrán ser inferiores a la variación del Indice Medio de Salarios. Contrariamente a ello la norma impugnada no sólo ignora el texto constitucional sino que se permite cambiar los parámetros, consignados a texto expreso por aquélla. Contiene una rebaja de la cuantía de la prestación garantizada por vía constitucional al convertirla en un hecho gravado por un tributo que afectará su importe. La norma tributaria ha ignorado que el tema de los reajustes jubilatorios ya fue laudado en el plebiscito del año 1989.

A los efectos de financiar las prestaciones referidas, el art. 67 de la Constitución previó que se financiaría con las contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos en la L. y con la asistencia que deberá prestar el Estado en caso de ser necesario, o sea que cuando los recursos propios destinados al pago de las pasividades no fueran suficientes el Estado, en ejercicio del mandato constitucional, debe solventar el costo faltante con dineros provenientes de la Tesorería General de la Nación.

Por lo que no sería lógico que recayera tal carga sobre los jubilados y pensionistas, por lo que la imposición de las jubilaciones y pensiones -considerándolas rentas- constituye una clara y flagrante violación del art. 67 de la Constitución, en tanto resulta atentatorio del concepto y naturaleza de los beneficios, transgrediendo por vía indirecta la adecuada protección y garantía que el régimen constitucional había consagrado para los jubilados y pensionistas.

De lo expresado se deriva necesariamente que la jubilación no es una renta. La propia L. incurre en una manifiesta contradicción.

Luego de la inclusión como rentas del trabajo, en el art. 2 literal C) inciso 1o., del Título 7 a las jubilaciones, pensiones y prestaciones de pasividad de similar naturaleza, agrega que no se encuentran comprendidas otras partidas como los seguros por desempleo, por enfermedad, por maternidad, por accidente, que también constituyen prestaciones de seguridad social. Debe concluirse que están excluidas porque no hay una actividad actual desarrollada (fuente productora) que genere una renta lo que indica que no procede la imposición a la prestación de pasividad. Una actitud contraria vulnera la igualdad que debe darse entre situaciones idénticas, como en su fundamento son las detalladas en el art. 2o., lit C) inciso 2o..

La norma impugnada es vulneratoria del art. 67 de la Constitución que da un tratamiento igual a las jubilaciones y demás prestaciones de seguridad social en cuanto a los retiros y subsidios a percibir, garantizando los mismos. Si bien están comprendidos en el art. 2o. literal C) inciso 2o., se verifica un criterio contrario, ilógico, irracional y arbitrario para el caso de las jubilaciones y pensiones, al establecerse un impuesto a la renta sobre estas últimas, siendo que ellas tampoco son rentas.

También se viola el art. 72 de la Constitución que consagra la protección de los derechos y garantías que son inherentes a la personalidad humana. Los derechos de pasividad son considerados como esenciales, y su protección, necesaria en virtud de parámetros de justicia y de valoración ética por parte de la sociedad.

El tratamiento injustificadamente discriminatorio que la L. realiza de las jubilaciones y pensiones por un lado -gravándolas- y de las otras prestaciones de seguridad social por otro lado -no gravándolas- implica una evidente violación del principio de igualdad consagrado en el art. 8 de la Constitución.

La normativa legal impugnada está regulando, en forma igual, situaciones totalmente desiguales, en cuanto al concepto y naturaleza de renta, y las implicancias que resultan de los mismos. No es igual la situación de los pasivos en relación a trabajadores y empresarios.

Solicita se declare la inconstitucionalidad de los arts. 2o. literal C, y 33 del Título 7 del Texto Ordenado 1996, en la redacción dada por el art. 8 de la L. No. 18.083, de 27 de diciembre de 2006 (fs. 5 vto.).

II) Por Sent. No. 2142, dictada el de 17 de octubre de 2007 la Suprema Corte de Justicia resuelve dar ingreso a la acción de declaración de inconstitucionalidad deducida, confiriéndose traslado por el término legal (fs. 8).

III) El Sr. Fiscal de Corte evacuando el traslado conferido informó que procede hacer lugar a la declaración de inconstitucionalidad impetrada en autos (fs. 44).

IV) La representante del co-demandado Estado, M.E.F. evacua el traslado conferido solicitando, por los fundamentos que expone que se falle desestimando la acción de inconstitucionalidad del acto legislativo enjuiciado (fs. 81 vto.).

V) Las representantes del co-demandado Poder Legislativo evacuan el traslado conferido solicitando, por los fundamentos que exponen que se desestime la solicitud de inconstitucionalidad planteada contra el articulado de la L. No. 18.083 (fs. 111).

VI) Agregada la probanza documental incorporada, previo pasaje a estudio, se acordó sentencia en forma legal (fs. 113 y ss.).

CONSIDERANDO:

I La Suprema Corte de Justicia, con su...