Sentencia Definitiva nº 98/2008 de Supreme Court of Justice (Uruguay), 16 de Mayo de 2008

• Ponente: Dr. Jorge Tomas LARRIEUX RODRIGUEZ
• Fecha de Resolución: 16 de Mayo de 2008
• Emisor: Supreme Court of Justice (Uruguay)
• Jueces: Dr. Leslie Alberto VAN ROMPAEY SERVILLO,Dr. Daniel Iberico GUTIERREZ PROTO,Dr. Jorge Tomas LARRIEUX RODRIGUEZ,Dr. Jorge RUIBAL PINO,Dr. Hipolito Nelson RODRIGUEZ CAORSI,Dra. Martha Beatriz CHAO FERNANDEZ
• Materia: Derecho Procesal
• Importancia: Alta

Montevideo, dieciséis de mayo de dos mil ocho

VISTOS:

Para sentencia estos autos caratulados: "TOURN ARMANDUGON, ALICE C/ ESTADO - PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y OTRO -ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 3 Y 8 DE LA LEY No. 18.083 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2006", Ficha 1-210/2007.

RESULTANDO:

I) Se promueve por la accionante, -acreditando su interés directo, personal y legítimo en su calidad de jubilada (B.P.S y Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios) según documentación que adjunta-, acción de inconstitucionalidad de los artículos 3 y 8 de la Ley No. 18.083 por entender que dichas normas violan los artículos 8, 67 y 72 de la Constitución.

Se sostiene -en lo esencial y necesaria síntesis-, la inconstitucionalidad del art. 3 de la Ley No. 18.083 en cuanto incluye como hecho generador del impuesto a las rentas de las actividades económicas (I.R.A.E.) las comprendidas en el impuesto a la renta de las personas físicas (I.R.P.F.) delegando en el Poder Ejecutivo el establecer el límite de ingresos, y del art. 8 en cuanto incluye como renta gravada la jubilación que percibe.

Entiende que percibe una prestación social sin trabajar, siendo imposible, entonces, que perciba renta del trabajo, vulnerándose los principios de capacidad económica, igualdad ante las cargas públicas e inalterabilidad del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, consagrados en los artículos 8, 67 y 72 de la Carta, y solicita se declare la inconstitucionalidad del acto legislativo enjuiciado y su inaplicabilidad a la compareciente (fs. 3-10 v.).

II) Conferido traslado según auto No. 1502/07 (fs. 16), son evacuados por las accionadas abogándose por el rechazo del planteo (fs. 79-86 v., 91-119).

En su dictamen No. 3904/07, el Sr. Fiscal de Corte estima que procedería hacer lugar a la declaración de inconstitucionalidad impetrada en autos (fs.23-52) y, previo pasaje a estudio, se acordó sentencia por mayoría legal auto No. 2386/07, fs. 122 y ss.).

CONSIDERANDO:

I) En lo inicial, la compareciente no acreditó ser sujeto pasivo de I.R.A.E., según opción o determinación preceptiva (art. 3 de la Ley No. 18.083 en la sustitución del Título 4 del Texto Ordenado/1996, art. 2 lit. C), lo que implica que el cuestionamiento que refiere a la delegación por Ley al Poder Ejecutivo del límite de ingresos es de imposible consideración (arts. 258 de la Constitución, 509 nal. 1 C.G.P.).

II) En lo sustancial, esta Corporación en sentencia No. 80 de 30.4.2008, resolvió -por mayoría- desestimar un planteo de inconstitucionalidad similar al formulado en autos, razón por la cual entiende que las mismas razones de mérito desarrolladas en la referida sentencia resultan trasladables al subexamine, por lo que se rechazará el planteo de inconstitucionalidad.

Se dijo entonces: "La Suprema Corte de Justicia, por mayoría de sus miembros naturales, entiende que corresponde desestimar la acción de inconstitucionalidad planteada en autos en tanto la norma cuestionada no violenta la Constitución de la República".

"Ingresando al mérito de la causa y evitando inútiles reiteraciones se ratifica lo expresado por los integrantes discordes en reciente pronunciamiento (Sentencia No. 43 de 26.3.2008) en el sentido que el juzgamiento de la cuestión constitucional se hace partiendo de dos consideraciones:

1o.) que como se ha sostenido invariablemente toda Ley goza de la presunción de constitucionalidad mientras no se pruebe lo contrario (Sents. Nos. 212/65, 64/67, 29/80, 235/85, 266/86, 184/87, 152/91, 86/93, etc.).

Las L. y los decretos de los Gobiernos Departamentales con fuerza de Ley en su jurisdicción (arts. 256 y 260 de la Carta) se presumen ajustados a la Constitución: la constitucionalidad de los mismos es de principio y la ilegitimidad la excepción, incompatibilidad que debe demostrar el interesado conforme a principios generales.

2o.) que se juzga en el tipo de proceso no el mérito o el desacierto legislativo sino tan sólo si la Ley es o no constitucionalmente válida (Sents. Nos. 12/81, 69/82, 404/85, 237/87, 184/88, 152/91, 86/93, 131/03, etc.).

Obviamente resulta ajeno al...