Dos estafas que involucran a un preso y dos policías simulando un vínculo con la DGI

mathías da silvaEn las últimas semanas la Justicia resolvió sobre dos casos con ribetes particulares que involucraron estafas y defraudación tributaria contra la Dirección General Impositiva ( DGI) . Por un lado, un preso se hacía pasar por funcionario público, les avisaba a comerciantes sobre supuestas irregularidades detectadas y les pedía dinero a cambio de suspender esas acciones. Por otro, dos policías se hacían pasar por gestoras de DGI y presentaban declaraciones juradas adulteradas a favor del cliente.En ambos casos la DGI presentó la denuncia y la Justicia terminó dictaminando el procesamiento de los implicados .> > Según la resolución del Juzgado de Crimen Organizado -a la que accedió El País-, tramitado por el viejo Código Penal ya que la investigación comenzó en 2017, se comprobó que un preso que cumplía condena en el Penal de Libertad "realizó varios llamados telefónicos a distintos comercios simulando ser funcionario público de algún organismo estatal", expresando que se había "detectado alguna irregularidad en el comercio" y "a los efectos de su regularización, solicitaba sumas de dinero" a través de redes de cobranza.En el expediente se relatan algunos casos comprobados en que actuó el ahora procesado por el delito de estafa . > > A fines de 2016, llamó desde un celular a una panadería de Paso Carrasco "simulando" ser el alcalde de la zona, diciéndole "que el comercio presentaba irregularidades que podrían ser subsanadas, solicitando para ello un giro de dinero de $ 6.200". Sin embargo, el comerciante conocía al alcalde y comprobó que "no había sido dicho funcionario que efectuó la llamada", por lo que no realizó el depósito solicitado.Cuatro días después, utilizó la misma estrategia al hablar por teléfono con otro dueño de una empresa en Paso Carrasco y le aportó una cédula para que concretara el giro de dinero, aunque tampoco tuvo éxito. > > Luego el recluso llamó a una panadería de Maldonado y simuló "ser un inspector de Bromatología de la ciudad de San Carlos, informó que existía una denuncia contra el comercio por intoxicación de una persona solicitándole la suma de $ 8.200 para (suspender) dicho trámite". El comerciante realizó el giro del dinero en una red de cobranza a nombre de una mujer, cuya cédula proporcionó la persona privada de libertad.La sentencia aclara que la mujer en cuestión "había realizado denuncia por extravío de su cédula de identidad" unos días antes. > > El otro caso mencionado en el expediente...