Equidad, Derecho Administrativo y Administración pública en España

• Autor: Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
• Páginas: 245-246

245

EQUIDAD, DERECHO

ADMINISTRATIVO Y

ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA EN ESPAÑA.

ENRIQUE RIVERO YSERN Y MARCOS

FERNANDO PABLO

ANDAVIRA, SANTIAGO DE

COMPOSTELA, 2011

1. Tras el clásico estudio de R ecaredo Fer-

nández de Velasco en el número 18 de la Revista de

Derecho Público, faltaba en la doctrina e una mono-

grafía rigurosa y profunda sobre la equidad en el

Derecho Administrativo español. Afortunadamente,

los profesores Enrique Rivero y Marcos Fernando

se han atrevido a tratar tan relevante cuestión y a

partir de ahora disponemos de más argumentos y

razonamientos para comprender la importancia que

la equidad tiene en el Derecho Administrativo. La

lectura de la monografía, concienzuda y meticulosa

como pocas, nos ayuda sobremanera a comprender

que la equidad, la justicia del caso concreto, no es

que s ea un elemento central de la aplicación y de

la interpretación de la norma, sino que, sobre todo,

está en la base del origen y fundamento del Derecho

Administrativo.

2. El libro viene pre cedido de un prólogo

magistral del profesor Manuel Francisco Clavero

Arévalo en el que, tras reconocer la trascendencia

de la monografía a que nos referimos en el Derecho

Administrativo español, afirma que estamos en pre-

sencia de una sólida investigación, con bibliografía

extranjera y española, con jurisprudencia española

y extranjera, en la que se demuestra que el Derecho

Administrativo y la equidad tienen mucho que ver.

3. Tanto tienen que ver que, co mo com en-

tan los profesores Rivero y Fernando, autores tan

importantes como Hauriou o Colmeiro señalaron

en su momento que la equidad está en la base del

nacim iento del Derech o Ad ministra tivo francés

–Hauriou- o que la actividad administrativa reside

esencialmente en aplicar la ley y medir con equidad

todos los intereses –Colmeiro-. Estas lapidarias sen-

tencias, propias de la sabiduría y de la experiencia,

nos ayudan a compren der m ejor tres elementos

centrales del Derecho Administrativo. Primero, el

Derecho Administrativo, por su inserción en el Estado

de Derecho, es un Derecho sometido, como dice la

letra del artículo 103 de nuestra Constitución, a la

Ley y al Derecho. En un Estado de justicia, como dice

Klein parafraseando el artículo correspondiente de la

Ley Fundamental de Bonn, es lógico que la actuación

de los poderes del Estado esté impregnada de justicia

en lo concreto. Segunda, y derivada de la anterior, el

Derecho Administrativo es el Derecho Constitucional

concretado, materializado, proyectado en la cotidia-

neidad. Si la equidad es la justicia del caso concreto,

la moderación o atemperación del rigor de la norma

para que ésta tenga su sentido y funcionalidad en el

marco del Estado de Derecho, ahora tendríamos que

escribir en el Estado social y democrático de Dere-

cho, resulta que ontológicamente la vinculación del

Derecho Administración a la proyección concreta de

los principios y parámetros constitucionales exige y

reclama necesariamente que tal aplicación de la Cons-

titución se realice con pleno sometimiento a la Ley y al

Derecho, o, lo que es lo mismo, a la Ley y a la justicia.

En tercer lugar, la forma en que la Administración

pública trabaja sobre los inte reses, esp ecialmente

sobre el interés general, que es el que debe primar

como consecuencia del principio de supremacía del

interés general sobre el particular, según la feliz ter-

minología de Colmeiro, debe estar presidida por la

equidad. Medir los intereses dice el maestro gallego:

he aquí una magnífica expresión para referir la tarea

de búsqueda del interés general a que debe responder