Sentencia Definitiva Nº 120/2022 de Suprema Corte de Justicia, 12-08-2022

• Fecha: 12 Agosto 2022
• Tipo de proceso: PROCESO DE AMPARO
• Materia: DERECHO PROCESAL

Nº 120/2022

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE SEPTIMO TURNO

MINISTRA REDACTORA: Dra. Ma. C.C..

MINISTROS FIRMANTES: D.. M.C.C., A.G.R., Patricia

Hernández.

VISTOS:

Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: .AA

c / MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y OTRO . AMPARO. IUE

19239/2022, venidos a conocimiento de esta Sala atento a los recursos de apelaciones

interpuestos por el Fondo Nacional de Recuros y el Ministerio de Salud Pública, contra la

sentencia definitiva de primera instancia Nº 30/2022 de fecha 4 de mayo de 2022 (fs. 397414),

dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 19º Turno, Dra.

G.R.M., dictándose la presente conforme a lo dispuesto en el artículo

10 de la ley 16.011.

RESULTANDO:

1) El referido fallo, cuya correcta relación de antecedentes útiles se tiene por reproducida

por acogerse a las resultancias de autos, falló:

.Desestimando la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por

el Fondo Nacional de Recursos. Amparando la demanda promovida y en su mérito,

condenando al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos a

suministrarle al actor AA los medicamentos VENETOCLAX y

OBINUTUZUMAB, de acuerdo a las indicaciones que formule su médica tratante y durante

todo el tiempo que esta lo indique, en un plazo de 24 horas.

Todo, sin especial condenación..

2) A fs. 420-423 v., se alza el Fondo Nacional de Recursos (en adelante también .FNR.)

agraviándose de lo resuelto en tanto sostiene que en autos no se configuró ilegitimidad

manifiesta. Los medicamentos peticionados no se encuentran incluidos en el Formulario

Terapéutico de Medicamentos (FTM), y por lo tanto, no corresponde la condena. En

definitiva, sostiene que no se ha verificado en la especie, ninguna actuación

manifiestamente ilegítima del FNR ante su negativa de suministrarle los fármacos a la

actora.

Solicita la revocatoria en base a los fundamentos expuestos.

3) A fs. 425-428 v. interpuso recurso de apelación el Ministerio de Salud Pública (en

adelante también .MSP.), expresando en lo medular que en autos no se configuró

ilegitimidad manifiesta. Los medicamentos peticionados no se encuentran incluidos en el

Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM), y por lo tanto, no corresponde la condena

a esta Secretaría de Estado. En definitiva, sostiene que el organismo estatal ha cumplido

de manera cabal con sus cometidos y con los requerimientos exigidos no existiendo un

actuar ilegítimo del MSP, sino acorde a lo establecido en la Constitución y la Ley.

Con apoyo en jurisprudencia que cita y transcribe, solicitó la revocatoria de la impugnada

en este aspecto.

4) Corridos los traslados, fue evacuado por la parte actora a fs. 434-451, abogando por

revocatoria en los términos mencionados. Asimismo, interpuso excepción de

inconstitucionalidad por vía de defensa. Elevados los autos a la Suprema Corte de Justicia,

la Corporación resolvió por S.encia No. 465 de 7.6.2022, devolviendo los autos al

Juzgado remitente (fs. 461-469).

5) Franqueada la apelación, fueron recibidos los autos con fecha 5 de agosto de 2022.

Encontrándose el Colegiado desintegrado por licencia de los Sres. Ministros Beatriz

Tommasino y E.E., se dispuso la integración mediante el sorteo correspondiente,

recayendo la suerte en las Sras. Ministras Dras. A.G.R. y P.H..

Lográndose las voluntades necesarias, se acordó el dictado conforme a lo dispuesto en los

artículos 10 y concordantes de la ley 16.011.

CONSIDERANDO:

I) El Tribunal, con el voto coincidente de sus integrantes -art. 61 de la Ley 15.750- habrá

de revocar parcialmente la sentencia en examen, por los fundamentos fácticos y jurídicos

que se expresarán, habida cuenta de que los agravios articulados como sustento de la

apelación resultan eficientes para resolver en sentido diverso a lo fallado en primera

instancia.

II) En tal contexto, se advierte que en autos a fs. 322-330, compareció el Sr. AA

en fecha 27 de abril de 2022, promoviendo acción de amparo contra

el Estado, Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos, expresando en

síntesis que tiene 71 años de edad, es portador de leucemia linfoide crónica, como surge

del

informe de su médica tratante, la Dra. C.O. y de su historia clínica (fs. 3.3 v.; 4

y ss), habiendo

sido diagnosticado en el año 2018 y encontrándose actualmente en recaída de la

enfermedad

constatada por la duplicación linfocitaria en seis meses, planteándose tratamiento en base

a

Venetoclax y Obinutuzumab.

Alega que V. es comercializado por el

Laboratorio .A.. siendo su costo promedio mensual de $ 301.105 más impuestos, en

tanto,

el precio unitario del Obinutuzumab asciende a $ 54.618, no pudiendo acceder a ellos ya

que

es jubilado percibiendo un ingreso mensual de $ 57.723, careciendo de otros bienes y

ahorros de los que

pueda desprenderse para afrontar el costo del tratamiento.

III) Sobre el alcance de la acción de amparo corresponde efectuar una breve referencia,

tratándose de conceptos ampliamente considerados. Como ha sostenido el Tribunal, en

términos admitidos unánimemente en doctrina y jurisprudencia (cfr. S.encias Nº 126/07,

42/12, 135/13, 166/13, 93/14, 141/15, entre otras), para que prospere la acción de A.,

deben concurrir los elementos objetivos reseñados en los arts. 1 y 2 de la ley 16.011 que

son en sustancia los que definen las características de este Instituto, a saber: un acto,

hecho u omisión, que lesione, restrinja, altere o amenace un derecho o libertad reconocida,

expresa o implícitamente por la Constitución, con manifiesta ilegitimidad, provocando o

amenazando provocar al titular del derecho un daño irreparable y por último que no existan

en el ordenamiento jurídico otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener

el mismo resultado que se persigue con el A. o de existir que resultaren claramente

ineficaces para tal pretensión (VIERA, La ley de A. Edic. IDEA págs. 15 y ss.;

S., Acción de A. págs. 166 y ss.). Como expresa TORELLO, el espíritu de la

Ley No. 16.011 no es establecer un .proceso comodín. que sustituya al normal, sino una

vía excepcional para los raros casos en que no existe una común o ésta se revela como

clara y manifiestamente infructuosa (TORELLO L. en Varios Autores, .El Poder y su

Control. pag. 178). De modo que la procedencia del A. como instituto excepcional y

residual es entonces reservada solamente para las delicadas y extremas situaciones que

por falta o insuficiencia clara de otros medios legales hace peligrar los derechos

fundamentales, pero no involucra a la menor eficacia del medio jurídico existente sino las

situaciones de explícita Ineficacia del misma (SAGÜÉS N.P., .Acción de A..

págs. 166 y ss.; G.B.A., .Proceso de A. en la Ley del Uruguay., en

.La Acción de A.. pág. 46). Este perfil excepcional impone al Juez un manejo

equilibrado y ponderado de la acción, ya que de principio deben extremar la ponderación y

la prudencia a fin de no decidir por el sumario procedimiento del amparo cuestiones

susceptibles de mayor debate y que corresponde resolver por los procedimientos ordinario

(Cfr. LJU c. 10.573; 10.482).

IV) La presente redactora, Dra. M.C.C., en posición jurisprudencial asumida

por la suscrita en los últimos proveimientos de este Tribunal, en cuanto a medicamentos

registrados ante el MSP, acoge la demanda contra el Ministerio de Salud Pública, en base

a lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Nacional y arts. 1 a 4 de la ley 16.011

(Cfr. S.encias Nº 78/2021, 86/2021, 92/2021).

Expresa la Sra. Ministra que:

.Atento a que los medicamentos registrados en el país para su venta al público son de

libre acceso, como es el caso del medicamento de autos, el Estado debería garantizar que

todos los habitantes puedan acceder al mismo. De lo contrario, se violenta el principio de

igualdad consagrado en la norma referida. Ha de tenerse presente que desde el momento

en que se registró el medicamento para su libre comercialización en el Uruguay, siguiendo

los protocolos y normas vigentes de la autoridad sanitaria, se permite su adquisición por

los particulares que pueden acceder a ellos. De igual manera debería asegurarse que se

disponga su expendio por las instituciones médicas, públicas y privadas, que suministran

tratamientos y medicación a los habitantes del país.

La omisión y por consiguiente conducta manifiestamente ilegítima de acuerdo a la ley

16,011, consiste a mi criterio, en permitir el acceso libre a la población y a su vez no

garantizar que a través del sistema de salud se brinde esa medicación, registrada y

autorizada a circular en el país, a todos los pacientes que lo requieran, sin que su

condición económica constituya un obstáculo para ello. Es así que en este nuevo enfoque

que establezco como sustento de mi voto, entiendo que, cuando un medicamento se

registra en el país y se vende en farmacias, debe asegurarse su suministro y acceso a

todos, o de lo contrario se discrimina a la población que necesitándolo para preservar su

salud y en definitiva, su vida, no puede comprarlo por su cuenta.

El Ministerio de Salud Pública representa en este caso a ese Estado omiso, que debe

propender a consagrar los procedimientos adecuados para que se cumpla en toda su

extensión el artículo 8 de la Constitución, en cuanto al acceso a medicación de cualquier

tipo de venta libre en el país. Ello, respaldado en el caso concreto en la evidencia científica

que demuestra la eficacia del medicamento solicitado, para la patología de la actora y el

informe pericial que así lo documenta, además de la indicación de su médico tratante.

Cabe agregar, en consonancia con lo antedicho, que desde que un medicamento se

registra en el país, ya sea de libre prescripción o controlada, cuando los facultativos dentro

de su especialidad lo indican a un paciente, debe garantizarse que el mismo pueda serle

suministrado por toda institución médica.

Teniendo en cuenta que la...