Sentencia Definitiva Nº 215/2022 de Suprema Corte de Justicia, 06-10-2022

• Fecha: 06 Octubre 2022
• Tipo de proceso: PROCESO DE AMPARO

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE TERCER TURNO.

MINISTRO REDACTOR: DR. F.T.

MINISTROS FIRMANTES: DRAS. LORELEY OPERTTI, M.G.H., DR.

FERNANDO TOVAGLIARE.

VISTOS:

Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AAA C/

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y OTRO. AMPARO”,IUE 2 -38532/2022 - venidos a

conocimiento del Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de

Salud Pública contra la sentencia No 52/2022, dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera

Instancia en lo Civil de 4o turno.

RESULTANDO:

1- La Sentencia de primera instancia, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación

pasiva opuesta por el F.N.R y amparó la demanda deducida contra el Ministerio de Salud

Pública -en adelante M.S.P- condenándolo a proporcionar al accionante el fármaco

BEVACIZUMAB, en los términos y condiciones indicados por la médica tratante en plazo de

cinco días.

2- Contra dicho dispositivo, oportunamente el M.S.P interpuso recurso de apelación,

abogando por la revocatoria de la sentencia por las razones expuestas a fs. 249/254.

3 – S. dichos recursos, el F.N.R evacuó el traslado de la apelación del M.S.P. (fs.

159) abogando por la confirmatoria de la sentencia impugnada por las razones allí expuestas.

4 - Por su parte, la actora compareció a evacuar el traslado conferido de la

apelación,oportunidad en que promovió proceso de inconstitucionalidad por vía de

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Página 1 de 5excepción, respecto al arts. 45 de la Ley 18.211; y art. 7 de la Ley 18.335.

5 - Suspendidas las actuaciones y elevados los autos ante la S.C.J, recayó Sentencia No

806/2022 (fs. 275) que declaró la inconstitucionalidad del art. 45, inciso final de la Ley

18.211 y del art. 7, inc. 2o de la Ley 18.335 y en consecuencia su inaplicación en el

presente caso.

6- Devueltos los autos a la Sede ‘a quo’, fue franqueada la apelación, resultando asignado este

Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3o Turno, y ante la licencia de uno de los integrantes

naturales (Dra. K., se procedió a realizar el sorteo correspondiente, resultando asignada

en primer lugar la Sra. Ministra Dra. M.G.H..

CONSIDERANDO:

1 - Por el número de voluntades legalmente requerido (art. 61, inc. 1o LOT), la Sala

desestimará la apelación formulada, sin especial condena procesal, por las razones que se

pasan a exponer.

2 - A criterio de este Tribunal, los agravios expuestos por la distinguida Defensa de la

codemandada recurrente, no logran conmover los sólidos fundamentos desarrollados por la

sentencia de primera instancia.

3 – En efecto, el embate crítico desarrollado por el M.S.P. se encuentra encaminado a

cuestionar la sentencia impugnada por considerar el recurrente que: i) no se configuró la

ilegitimidad manifiesta requerida por la ley 16.011, pues el M.S.P. actuó dentro del marco

normativo vigente (art. 7 inc. 2 Ley 18.335 y disposiciones legales complementarias) que limita

el acceso a los medicamentos incluidos en el F.T.M. ; y ii) sostuvo además que la sentencia

habría desaplicado las disposiciones legales que regulan la cuestión, sin que hayan sido

declaradas inconstitucionales;

4 – Ahora bien, el agravio relativo a que no se habría configurado en el caso ‘ilegitimidad

manifiesta’ no resulta de recibo pues, el referido requisito debe ser interpretado sin

reduccionismos o angostamientos apresurados, en sintonía con la finalidad protectora del

goce de los derechos humanos que inspiran la ley de amparo y la directrices axiales trazadas

por la Constitución Nacional.

5 – En el caso, resulta de las actuaciones, que el actor es una persona de 57 años de edad,

portadora de cáncer de ovario metastásico, con compromiso de ambos ovarios, útero,

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Página 2 de 5trompas de falopio y epiplón. Y. indicado tratamiento con BEVACIZUMAB,

como la única opción para aliviar su enfermedad, mejorar su calidad de vida, y para evitar

que la enfermedad progrese, se le niega el acceso a dicho fármaco, aduciéndose que el

mismo no se encuentran incluido en el F.T.M.

6 – Esta Sala coincide con los fundamentos desarrollados por la Magistrada de primera

instancia, en cuanto a que en el caso se ha verificado una hipótesis de ilegitimidad manifiesta

pues, resultó claramente acreditada la grave patología que afecta a la accionante, y la

pertinencia y necesidad desde el punto de vista científico y médico (según informe de la Dra.

V.T., obrante a fs. 1/2, y declaración de la referida médica , s. 2472) del

tratamiento indicado para obtener una mejora en la calidad de vida de la actora y aliviar

su enfermedad. Y a pesar de ello, se le niega el acceso al tratamiento, alegándose que el

mismo no se encuentra bajo la cobertura del F.T.M.

7 – En efecto, estando a lo manifestado por la distinguida médica que declaró en la causa, así

como a las conclusiones del informe pericial producido en autos -fs. 216/218- y la declaración

en audiencia de la Sra. P.D.. D.A., surge que el fármaco indicado

constituye la opción más adecuada que tiene la accionante para lograr superior sobrevida

libre de progresión, no existiendo razones científicas que sugieran no acceder a la

indicación realizada por la médica tratante.

8 – Así las cosas, y tal como lo ha sostenido este Tribunal en anteriores pronunciamientos -

ante la falta de argumentos de índole científicos que legitimen la negativa del M.S.P a

suministrar un fármaco indicado como la opción más adecuada, la misma deviene

infundada y por lo tanto arbitraria; incurriendo el M.S.P., en incumplimiento del deber

prestacional de asistencia en salud, impuesto por normativa constitucional (y legal

complementaria) en salvaguarda de derechos esenciales del accionante, tales como: los

derechos a la salud, a la dignidad y a tener una adecuada calidad de vida (arts. 7o, 44, 72, 82 y

332 de la Constitución; arts. 3, 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;

arts. 9, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales más

arts. 3 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -ratificados por la Ley No.

13.751-; arts. I y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts.

4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos...