Sentencia Definitiva Nº 84/2022 de Suprema Corte de Justicia, 26-05-2022

• Fecha: 26 Mayo 2022
• Tipo de proceso: PROCESO CIVIL ORDINARIO
• Materia: DERECHO ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE TERCER TURNO.

MINISTRA REDACTORA: DRA. LORELEY OPERTTI.

MINISTROS FIRMANTES: DRA. C.K., DR. FERNANDO TOVAGLIARE,

DRA. LORELEY OPERTTI.

VISTOS:

Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “C.M.,

G. y otro c/ Intendencia Departamental de Colonia. Daños y perjuicios”; IUE 2-

47985/2017, venidos a conocimiento del Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto

por la parte demandada y la adhesión del actor, contra la sentencia definitiva Nº 100/2020,

dictada el 16 de noviembre de 2020, por la Sra. Jueza Letrada de Primera instancia de Colonia

de 2º turno, Dra. X.P..

RESULTANDO:

1 – Que, por la sentencia definitiva impugnada, el juzgado a quo, ampara parcialmente la

demanda, condenándose a la demandada al pago de U$D 18.000 por concepto de lucro

cesante, según lo expresado en los considerandos 10 a 12, a U$D 6.000, según considerandos

19 a 20, $ 10.000 por concepto de daño emergente, reajustados conforme la ley 14.500, sin

especial condenación.

2 – Contra dicho dispositivo, la parte demandada deduce recurso de apelación, en escrito de fs.

857 y sigtes.

Sustanciada la recursiva, la parte actora evacua el traslado conferido, a fs. 866 y sigtes.,

abogando por el rechazo de los agravios de su contraria y adhiere a la apelación, cuyo traslado

se evacua a fs. 879 y sigtes.

3 – Franqueados los recursos interpuestos para ante el Tribunal de Apelaciones, es asignada

competencia de esta Sala. Recibidos los autos (7 de setiembre de 2021), se pasa a estudio de

los Sres. Ministros y completado el mismo, se acuerda la decisión y se designa a la Dra.

O., para la redacción del presente pronunciamiento.

CONSIDERANDO:

1 – El Tribunal de acuerdo al número de voluntades requerido legalmente (art. 61 inc. 1º LOT),

habrá de confirmar en todos sus términos, la sentencia impugnada, por las razones que se

dirán.

2 – El caso.

Tramita infolios juicio reparatorio patrimonial por acto administrativo de la Intendencia

Departamental de Colonia -en adelante IDC- anulado por el TCA y promovido por el Sr. Denis

G. y G.C., su cónyuge.

Relata el actor, que importó un auto bajo el régimen de la ley 13.102 (para lisiado). En el año

2007 obtuvo la libreta profesional (categoría C E H). En el año 2009 la IDC por resolución Nº

2181 autorizó al actor a operar como taxímetro, en La Paz, Colonia, entregándosele la chapa

respectiva.

La IDC no aceptó la afectación del referido vehículo al servicio de taxi.

Posteriormente, en diciembre de 2011, la IDC dictó la resolución Nº 1823/2011, disponiendo la

revocación del servicio de taxímetro, así como la licencia profesional.

Dicha resolución fue recurrida y los recursos denegados. Promovida acción de nulidad ante el

TCA, éste anula el acto por sentencia Nº 642/2013.

El 28 de octubre de 2014, el actor presenta un vehículo para inspección y afectación al servicio

de taxi, cuyo permiso se le restituyó por sentencia y hasta diciembre no se lo otorgaron.

Reclaman los siguientes daños:

a) Lucro cesante pasado, por cuanto recién pudo volver a trabajar en diciembre de 2014. Pide

U$D 22.800 (U$D 600 que sería la ganancia mensual, por 38 meses). Respecto a esta

avaluación ofrece prueba testimonial.

b) Daño emergente por gastos de transporte a Montevideo -interdepartamental- para ir al TCA

(taxis y ómnibus en Montevideo): $ 60.000; por gastos del proceso ante el TCA, consistente en

fotocopias y tributos del proceso $ 10.000.

c) Daño moral por la privación ilegítima de su trabajo U$D 15.000 para cada uno de los actores.

La IDC opone excepciones y contesta la demanda, controvirtiendo los daños por cuanto

entiende que no pudo generar lucro cesante desde que no tenía un vehículo afectado al taxi y

el daño emergente en tanto la sentencia del TCA no impuso condenas especiales y

controvierte los montos.

La sentencia ampara parcialmente la demanda condenando a indemnizar: treinta meses de

lucro cesante, lo que hace un total de U$D 18.000; $ 10.000 por concepto de daño emergente y

U$D 3000 a cada uno de los actores por concepto de daño moral.

3 – La demandada funda los siguientes agravios:

3.1 – Afirma que “… el Sr. G. nunca trabajó el taxi porque nunca afectó un vehículo para

poder hacerlo … En el período entre el 29 de diciembre de 2009 y el 12 de octubre de 2011 no

se afectó ningún vehículo …” (Nal. 8 del escrito de apelación, fs. 859 y ss.). En función de ello

estima que: si el servicio no se prestó, no existieron ingresos y consecuentemente ganancias

… y en consecuencia tampoco existió lucro cesante … ni aflicción por pérdida de un ingreso

que nunca se tuvo. (ver fs. 859/860).

El agravio no es de recibo.

La Sala comparte la posición de la actora al evacuar el traslado de la apelación, porque en la

demanda no se reclama por el período de tiempo referido por la impugnante, sino que se

reclama a partir del 12/10/2011, fecha en que le fue cancelado ilegítimamente el permiso de

taxímetro, todo lo cual conduce a rechazar sin más la argumentación desarrollada sobre el

punto por la demandada apelante, pues parece no advertir que el período temporal en el que la

sentencia de primera instancia tuvo por verificada la existencia de una pérdida de ganancia del

accionante es el comprendido entre el 12/10/2011 (fecha en que fue ilegítimamente cancelado

el permiso de taxímetro) y el 17/4/2014 (fecha en que se le notificó al accionante que debía

presentar el vehículo para inspeccionar y dar inicio al servicio). Esta solución por otra parte

resulta irreprochable, pues es evidente que desde que se canceló (ilegítimamente) el permiso

del accionante y hasta su libreta profesional, éste se vio privado de afectar vehículo alguno al

servicio y en consecuencia se le privó de percibir los ingresos que hubiese obtenido de haber

hacerlo, y esa privación de ganancias resultó imputable a la actuación ilegítima de la

Administración demandada.

3.2 - El segundo agravio desarrollado por la demandada, se encamina a cuestionar la

estimación del lucro cesante realizada por la sentencia impugnada.En tal sentido, el apelante

sostuvo que se avalúa el daño en base a declaraciones testimoniales de otros taxistas que se

desempeñan en otras localidades distintas (y más grandes) de aquella para la cual el actor

tenía permiso.

Se rechazará el agravio.

La Sala también comparte en este caso, lo expresado por la parte actora al evacuar el traslado

de la apelación, en relación a que Colonia Valdense, Nueva Helvecia y La Paz,

sustancialmente son un mismo centro urbano, económico y comercial, funcionando como una

misma unidad económica y productiva, y la población...