La caducidad de los reclamos contra el Estado

• Autor: Daniel Ochs
• Páginas: 103-107

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LA CADUCIDAD DE LOS RECLAMOS

CONTRA EL ESTADO *

DANIEL OCHS

Profesor de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho, Universidad Católica

Profesor de Derecho Público III, Facultad de Derecho, Universidad de la República

* Exposición del 24 de agosto de 1999, en el Primer Seminario de Derecho Público de la Universidad Catolica del Uruguay.

El art. 39 de la Ley Nº11.925, de 27-III-1953, esta-

blece textualmente que ...Todos los créditos y recla-

maciones contra el Estado, de cualquier naturaleza

u origen, caducarán a los cuatro años, contados des-

de la fecha en que pudieron ser exigibles. Esta cadu-

cidad se operará por períodos mensuales. A los efec-

tos de la aplicación de este artículo, deróganse todos

los términos de caducidad o prescripción del dere-

cho común y las leyes especiales, con la única excep-

ción de lo relativo a las devoluciones y reclamacio-

nes aduaneras que seguirán rigiéndose por las leyes

respectivas....

Enfrentado a un panorama legislativo franca-

mente denso en materia de normativa reguladora de

la prescripción y la caducidad de los reclamos con-

tra los entes estatales, el legislador de 1953 enfrentó

y definitivamente neutralizó tamaña dispersión em-

pleando, a texto expreso, un método abrogatorio que

nuestro Código Civil en su art.10 no asumió, porque

este art.39 derogó en bloque (tal como se establece

en el art. 5 CC italiano) todas las previsiones -gene-

rales y especiales- consagratorias de algún régimen

prescriptivo o extintivo de los créditos adeudados

por el Estado. Por consecuencia, luego de entrado en

vigencia este art.39 fue totalmente innecesario e

improcedente- que el intérprete practique operacio-

nes de conciliabilidad entre la nueva disposición y

la normativa anterior, indagando una eventual de-

rogación tácita, porque toda ella quedó alcanzada por

el mentado efecto abrogatorio genérico.

El primer punto que corresponde consignar re-

fiere a que este art.39 resulta aplicable a todas las

entidades estatales, según el art. 22 de la ley Nº

16.226, que contrarió el criterio preconizado por

SAYAGUES en su Tratado, según el cual el citado

art.39 es sólo aplicable a los créditos contra el Estado

Central, excluyendo de su ámbito de aplicación a las

entidades estatales menores-. Dicha ley

interpretativa, que adoptó el criterio postulado por

la jurisprudencia unánime, es de legitimidad consti-

tucional indisputable por cuanto el vocablo ESTA-

DO es en la Constitución uruguaya claramente de

significación biunívoca, como surge del tenor literal

de su art.24, en donde es aludido en los dos sentidos

(primero el restricto y luego el amplio), por manera

que pudo inobjetablemente el legislador de 1991 de-

clarar que en 1953, al utilizar la palabra Estado,

quiso predicar el segundo criterio.

Este art.39 de la Ley Nº 11.925 es aplicable sólo a

los reclamos pecuniarios, conforme lo proclama rei-

teradamente el Tribunal de lo Contencioso Adminis-

trativo, que en este punto se aparta del temperamento

propiciado por la Procuraduría del Estado en lo Con-

tencioso Administrativo -al menos mientras estuvo

a cargo del doctor PIAGGIO SOTO- que estima, por

lo contrario, que esta previsión legal resulta aplica-

ble a todo tipo de reclamo, sea dinerario o no;

La caducidad, conforme lo prescribe el art.376

inciso 6º Ley Nº 12.804, declarada vigente por el

art.45 del Decreto Ley Nº 14.189, se suspende ante la

gestión fundada del interesado siempre que medie

reclamo de una suma dineraria determinada, que no

es lo mismo que líquida. Efectivamente: puede tra-

tarse de un reclamo determinado (en el sentido que

le acuerda a esta palabra determinado el art.1261

ordinal 3º del CC cuando describe el objeto como ele-

mento de validez de los contratos) pero ilíquido, o

fácilmente liquidable mediante sencillas operaciones

aritméticas de conteo. Esta ley, habla de que la sus-

pensión se extiende por todo el lapso temporal que

insuma la instrucción de la petición y hasta que

recaiga resolución. Obviamente que se trata de la

resolución expresa (pues la configuración de la

denegatoria ficta sólo fue instituída en favor del pe-

ticionario o recurrente para desbloquear su acceso a

la Jurisdicción), e igualmente obvio es que dicha re-

solución expresa ha de ser regularmente notificada

al interesado; ello surge, como con toda propiedad

lo sostuvo REAL, de la finalidad inspiradora de la

norma consistente, por un lado, en evitar que le co-

rra el término al administrado que aguarda confia-

do que la Administración satisfaga amigablemente

su pretensión, y, por el otro, desestimular la incuria

burocrática de la Administración Pública.