Legitimación activa para la promoción de procesos de inconstitucionalidad de actos legislativos en el ordenamiento jurídico uruguayo

• Autor: Diego Gamarra
• Cargo: Universidad de Montevideo y Universidad Católica
• Páginas: 21-46

LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA LA PROMOCIÓN

DE PROCESOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE

ACTOS LEGISLATIVOS EN EL ORDENAMIENTO

JURÍDICO URUGUAYO

Nuevas bases para la apreciación de su configuración

THE RIGHT TO PROMOTE THE JUDICIAL REVIEW OF

STATUTORY LAW IN URUGUAY

Some new contributions

DIEGO GAMARRA ANTES*

ABSTRACT: Se propone una reconsideración de la legitimación activa prevista en la

Constitución Uruguaya para la promoción de procesos de inconstitucionalidad a partir de

una interpretación alternativa del concepto de interés directo, personal y legítimo contenido

en su artículo 258. La solución interpretativa propuesta, que supone en buena medida un de-

sarrollo de las primeras concepciones en la materia y un apartamiento de la tesis actualmente

dominante en la doctrina publicista, se sustenta en una base teórica más firme y, sin sacrificio

de un necesario apego textual, se encuentra mejor justificada bajo el discurso constitucional,

orientada más nítidamente hacia la tutela jurisdiccional efectiva y la defensa de la Cons-

titución. Se aspira, asimismo, a formular ordenadamente unas categorías de análisis para

verificar la existencia de legitimación, considerando fundamentalmente la relación entre la

afectación de un sujeto y la norma legal que se estima inconstitucional.

KEY WORDS: Legitimación activa; inconstitucionalidad de actos legislativos en Uru-

guay; interés directo, personal y legítimo / right to promote the judicial review; unconstitu-

tionality of statutory law in Uruguay; direct, personal and legitimate interest

1. Introducción y precisiones previas

La Constitución uruguaya exige la lesión del interés directo, personal y legítimo de

un sujeto para la promoción regular de un proceso de inconstitucionalidad de una ley o

de un decreto departamental con fuerza de ley en su jurisdicción1. La tesis predominante

en la doctrina publicista –no así en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia–

* Universidad de Montevideo y Universidad Católica

dgamarra@ppv.com.uy

1 En ciertos pasajes, en referencias que deberían comprender a las dos especies de actos legislativos susceptibles de

control de constitucionalidad por el mecanismo previsto en los artículos 256 y siguientes de la Constitución, se refiere ex-

clusivamente a la «ley». En dichos casos la omisión responde a razones de simplificación en el relato y debe considerarse

extensible la alusión a los decretos de los Gobiernos Departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción. En los casos

en los que con mayor rigor se refiere a ambas especies como «actos legislativos» debe leerse también exclusivamente una

alusión a ellos y no a otros posibles bajo otros criterios, asumiendo una acepción exclusivamente formal del concepto.

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REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO — NÚMERO 30 — AÑO 2016

asume que el «interés legítimo» es una situación jurídica sustantiva diferente del «dere-

cho subjetivo». Se adjudica a las notas de «directo» y «personal» el carácter de exigencias

adicionales que deben adjetivar la referida situación para posibilitar un pronunciamien-

to sobre la inconstitucionalidad de una norma legal2.

Los cuestionamientos teóricos de la distinción entre las categorías subjetivas referidas

generan una serie de inconsistencias de difícil superación y conducen a la elaboración de

construcciones –extraordinariamente inteligentes– pero lo suficientemente complejas3

para sentar recurrentemente dudas a su respecto, favoreciendo así posturas de «como-

didad» de la Suprema Corte de Justicia. Tanto es así, que lo cierto es que esta última

no suele ingresar en las disquisiciones doctrinales referidas, de manera que el esfuerzo

vertido en ellas termina resignando el destinado a un análisis más acabado de aspectos

más relevantes, que podrían contribuir a poner límites a una serie de posiciones que

equivocadamente se han sostenido por el máximo órgano judicial y que obstruyen la

defensa de la Constitución.

No debe perderse de vista que la Suprema Corte de Justicia posee una considerable

sobrecarga de trabajo y que un planteamiento de inconstitucionalidad supone, además,

exponer al Poder Judicial a un potencial enfrentamiento con los Poderes Ejecutivo y

Legislativo –por lo general, desafortunadamente, más fuertes en el juego institucional–.

La combinación de estos factores parece determinar una natural propensión del órgano

jurisdiccional –probablemente inconsciente– a valerse de aspectos accesorios para des-

cartar un estudio sobre el fondo del asunto.

La consecuencia de dicho comportamiento es de enorme gravedad, pues no es otra

que la ausencia de un control efectivo que estimule y asegure la contención del poder en

sus cauces constitucionales. La estrechez referida de los canales contribuye a un menos-

cabo en la tutela de la Constitución, de su fuerza normativa y, de su mano, se genera un

fenómeno de vaciamiento constitucional del sistema.

Hace un tiempo que el tema llama mi atención. Cuatro años atrás, con el propósito

de comenzar a explorarlo, intenté demostrar desde una perspectiva fundamentalmente

teórica que no puede derivarse de norma jurídica alguna, ni primaria o de obligación, ni

secundaria o de competencia, una situación jurídica de las características atribuidas al

denominado «interés legítimo», salvo que se la identifique con una mera «sujeción», en

cuyo caso no podría razonablemente calificarse como situación activa, o que se la iden-

tifique con un «derecho», en cuyo caso tampoco se justifica su consideración autónoma.

2 CASSINELLI MUÑOZ, Horacio, «El interés legítimo como situación garantida en la Constitución uruguaya», en

Derecho Constitucional y Administrativo, Edit. La Ley Uruguay, 1ª Edición 2010, pág. 324, DURÁN MARTÍNEZ, Augusto,

Contencioso Administrativo, FCU, Montevideo, 2007, pág. 114. SANCHEZ CARNELLI, Lorenzo, Declaración de inconstitu-

cionalidad de actos legislativos, FCU, Montevideo, 2005, págs. 86 y 87. Vid BIASCO, Emilio, Las figuras jurídicas subjetivas

en el derecho uruguayo, FCU, Montevideo, 1ª Edición, Agosto de 2006, págs. 80 y 81, RISSO FERRAND, Martín, Derecho

Constitucional, Tomo I, FCU, Montevideo, 2005, págs. 171 a 173. Cabe aquí adelantar que no es tal la posición asumida por

SAMPAY, por JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA ni, en general, por la doctrina procesalista.

3 En similar sentido, en una compatible calificación CAJARVILLE PELUFO se refirió a las construcciones predomi-

nantes como «alambicadas». Véase CAJARVILLE PELUFO, Juan Pablo, «Conceptos constitucionales definitorios de la

legitimación del actor. Relaciones entre derecho subjetivo, interés legítimo e interés general», Revista de Derecho Público,

FCU, Montevideo, año 22, número 43, agosto 2013, p. 141.

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