Sentencia Definitiva nº 680/1996 de Supreme Court of Justice (Uruguay), 19 de Julio de 1996

• Ponente: Dr. Raul Jose ALONSO DE MARCO
• Fecha de Resolución: 19 de Julio de 1996
• Emisor: Supreme Court of Justice (Uruguay)
• Jueces: Dr. Juan Mario MARIÑO CHIARLONE,Dr. Jorge Angel MARABOTTO LUGARO,Dr. Luis Alberto TORELLO GIORDANO,Dr. Raul Jose ALONSO DE MARCO,Dr. Milton Hugo CAIROLI MARTINEZ,Dr. Ricardo Cesar PEREZ MANRIQUE
• Materia: Derecho Penal
• Importancia: Alta

Montevideo, diecinueve de julio de mil novecientos noventa y

seis.

VISTOS:

Para sentencia estos autos caratulados:

" AA. Violación - Art.1,Decreto- Ley No. 15.289-Casación penal",

Ficha 474/94.

RESULTANDO:

1. Que por sentencia No. 126/94 de fecha

   31/8/94, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3o. Turno

   confirmó la sentencia de primera instancia y concedió al

   procesado la opción a la suspensión condicional de la ejecución

   de la pena. (fs. 90 - 92).

   La sentencia confirmada - No. 10/94 del

   Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 6o. Turno -

   había condenado a como autor penalmente responsable del delito

   previsto en el art.1 del Decreto-Ley No. 15.289 - modalidad de

   distribución al público con fines de lucro -a la pena de quince

   meses de prisión, con descuento de la preventiva sufrida,

   O. asimismo eldecomiso y destrucción de los ejemplares

   que materializan el delito. (fs. 70 - 72 vto.).

2. Que la Defensa del encausado interpone

   contra la sentencia de segunda instancia el recurso de casación,

   sosteniendo que se aplicó erróneamente el artículo 1 del

   Decreto-Ley No. 15.289 al considerarse al arrendamiento de

   videos comprendido dentro de la noción de distribución.

   A su criterio, la Sala infringió las pautas

   interpretativas admisibles en Derecho Penal, al formular una

   interpretación extensiva de un precepto en perjuicio del reo, lo

   cual en materia represiva está absolutamente vedado al aplicador

   de la norma.

   Conforme a citas de J. y de sus

   traductores y adicionadores los Profs. M.P. y M.C.,

   afirma que el límite de la interpretación de la ley penal es el

   "sentido literal posible"; toda interpretación que exceda tal

   límite deja de serlo para convertirse en creación del derecho

   por vía judicial o doctrinal y, por tanto, en la medida en que

   sirva para fundamentar o agravar la responsabilidad penal,

   infringe el principio de legalidad.

   Y - refiriéndose al caso concreto - sostiene

   que el arrendamiento no es asimilable a la distribución, siendo

   un comportamiento atípico que - aunque pueda considerarse que

   afecte derechos autorales y/o conexos - es irreprochable desde

   la óptica jurídico-penal.

   Partiendo tanto de la noción que al respecto

   brindan los diccionarios como del análisis del concepto jurídico

   que la legislación ha plasmado de los mismos (art. 1.776

   del Código Civil relativo al arrendamiento y art. 1 del

   Decreto-Ley No. 14.625 sobre contratos de distribución) aduce

   que resulta erróneo pretender subsumir el "arrendamiento" de

   videos dentro de la "distribución". Esta comprende en efecto

   solamente el cúmulo de actos destinados directa o indirectamente

   a la venta de bienes a terceros y los que permitan optimizar un

   acceso más fácil de los consumidores a los mismos.

   Por otra parte la ley sanciona a quien

   reproduce el videograma, al que lo almacena luego que le es

   entregado por el ilícito reproductor y al que distribuye

   vendiendo el video recibido del reproductor; por ello, no puede

   extenderse el alcance de la norma a quien adquiere la propiedad

   del video de un supuesto distribuidor, aun cuando lo haga con el

   fin de lucrar con su arrendamiento, como se pretende en el caso.

   C. expresa que la conducta del Sr.

   AA no está tipificada expresamente en el texto legal; si el

   legislador hubiera querido incluir el arrendamiento de videos

   dentro del elenco de figuras punibles lo habría hecho, ya que

   dicha forma de negociación era conocida en la época en que se

   sancionó el Decreto-Ley. (fs. 93 - 99 vto.).

3. Que el Sr. Fiscal Letrado Nacional en

   lo Penal de 4o. Turno - al evacuar el respectivo traslado -

   estima que debe rechazarse el recurso interpuesto, por no ser

   ajustado a Derecho (fs. 105 - 106 vto.); oído el Sr. Fiscal de

   Corte, entiende que procede desestimar el recurso de

   casación, declarando que la sentencia impugnada no causa

   nulidad. (fs. 110 - 112).

   CONSIDERANDO:

1. Que, a juicio de la Corte, no asiste

   legalmente razón a la impugnante.

   Inicialmente procede efectuar una precisión

   acerca del contenido del agravio subexámine, que se hace

   necesaria en función de lo expresado por el Sr. Fiscal Letrado

   Nacional en lo Penal de 4o. Turno, en oportunidad de evacuar el

   traslado del recurso, cuando advierte que no puede analizarse en

   vía casatoria los hechos dados por probados, so pretexto de

   discutirse el derecho.

   Si bien el límite legal planteado por...